Legislación vigente en cuanto a obras en comunidades de vecinos

Las obras y reformas suelen ser uno de los principales focos de conflictos entre los propietarios de las viviendas. El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal delimita claramente los derechos de cada propietario en relación a las obras que puede llevar a cabo en su propiedad, siempre que no afecte a la configuración y seguridad del edificio, como a la fachada, por ejemplo, ni perjudique los derechos de los demás propietarios.

Además, está prohibido la alteración de los elementos comunes salvo en dos excepciones:

1. Si las alteraciones son necesarias para la accesibilidad universal de los propietarios como personas con discapacidad o que sean mayores de setenta años.
2. Para el acceso a la propiedad de algún propietario. En este caso deberá el propietario plantear a la Junta la necesidad de llevar a cabo las obras necesarias para acceder a su vivienda y la Junta deberá acceder a las mismas.

El papel de la junta de vecinos

Sin embargo, ¿la Junta puede negarse a efectuar las obras que requiere algún propietario, por ejemplo para disponer de acceso en su vivienda? En la Ley de Propiedad Horizontal no se contempla que la Junta tenga que argumentar su negativa y tiene libertad de decisión para no hacer las obras, pero sí es cierto que si las modificaciones no afectan a la seguridad del edificio, ni a la estructura y su objetivo es el beneficio de uno o varios vecinos que están en su derecho de reclamar estas obras, el hecho de negarse a llevarlas a cabo supone un abuso de derecho, a pesar de que, como decimos, la Junta puede no apoyar el proyecto.

Estos aspectos los recoge la jurisprudencia de esta manera:

1. Si existen otras obras, construcciones o cerramientos similares se deben llevar a cabo las obras requeridas para evitar agravios comparativos y por entender que lo que dice el artículo 7 de la LPH no tiene carácter absoluto, sino que es flexible dependiendo de las circunstancias.

2. La negativa a las obras se considera una decisión contraria a los actos de la Comunidad y un trato discriminatorio al propietario que solicita la obra, ya que se le niega un derecho igual al que ejercieron otros propietarios anteriormente.

3. Se debe analizar la obra propuesta y compararla con las ya existentes en términos de proporcionalidad.

4. Es imprescindible no impedir el uso de todos los elementos comunes de la finca a ningún propietario.

Por tanto, el Tribunal Supremo considera un abuso de derecho, cuando uno o varios propietarios se oponen a unas obras cuando no son perjudiciales para la finca. Este abuso puede dar lugar a indemnizaciones a favor del propietario que solicita las obras y se le negaron indebidamente. Este tema es uno de los más controvertidos dentro de la administración de fincas.

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